Hoy por Hoy

Una reciente sentencia que favoreció a 337 personas que en su mayoría habían sido investigadas en un caso de peculado, desnuda el fracaso de la justicia en Panamá. Se trata de las indemnizaciones que pagó el Estado a cientos de propietarios de buses, pero que muchos resultaron en presuntos fraudes, en el que la víctima, como siempre, es el Estado panameño. Un juzgado declaró prescrita la acción penal contra el 63% de los acusados y menos de 200 serán finalmente enjuiciados, de un total de 535 imputados. En otras palabras, si en el grupo de los favorecidos por el fallo por prescripción hay ladrones, estos quedarán sin recibir pena alguna, porque el tiempo para poder llamarlos a juicio se agotó. Y es que la ley está hecha para, precisamente, contar con estas ventajas y nos dice, al mismo tiempo, que hace falta más personal, más presupuesto, más tecnología, más especialistas; nos dice que hay que reformar los códigos y leyes para que no reine más impunidad, pues ya no se aguanta tanto ladrón, y no solo dentro del Gobierno, sino también fuera de este. ¿Por qué deben prescribir estos casos, si el que le roba al Estado no le roba a una persona, sino a todo un país?