Hoy por Hoy

La ignorancia de las autoridades locales es cada día más evidente. Sus conocimientos de la ley y la Constitución, incluso, de la legislación municipal, son escasos y actúan –cada vez con más frecuencia– en atención a sus criterios personales, sin considerar –ni mucho menos respetar– el orden legal y constitucional del país. Sus absurdas órdenes para limitar la presencia de los ciudadanos en las playas viola flagrantemente disposiciones sobre libertad de tránsito y de movilización. Las razones pueden ser entendibles, pero no por eso tienen derecho a violentar la libertad de los ciudadanos, cuando lo que deben hacer es mejorar su protección. No tienen por qué pisotear la Constitución en aras de evitar situaciones de riesgo para la sociedad. Pareciera que la manera en que han decidido enfrentar la delincuencia, es impidiendo la circulación y mandando a todo mundo para su casa. Por cierto, ¿cuál es el rol de la Policía en esta situación? En el país sobran los comisionados y subcomisionados (supuestamente hay casi 300), pero ni uno es capaz de implementar un plan (al menos uno que sí sirva...) para atacar la criminalidad, sin restringir las libertades. Eso, lejos de ser una solución, es crear otro problema y no solo innecesario, sino también legal. Esta es su responsabilidad y para eso se le paga bien: para proteger y servir.