Hoy por hoy

La investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre el uso de decenas de millones de dólares por parte de 187 juntas comunales durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, aún no finaliza. La Corte Suprema le ha concedido un nuevo plazo a los fiscales para que concluyan su trabajo, que empezó con una pesquisa de oficio tras la publicación, en 2013, de investigaciones periodísticas de este medio. El riesgo es que el nuevo plazo pone en peligro todo el caso, pues es probable que prescriba en 2024, año en que también debería finalizar la compleja investigación, con lo que nuevamente el Estado sería víctima de la rampante impunidad que reina en Panamá. Cientos de millones de dólares fueron canalizados a diputados del período 2009-2014 que, a su vez, terminaron en juntas comunales remotas, donde, incluso, el rastro del dinero se perdía, aunque se pudo determinar que gran parte de esos fondos fueron dilapidados. Este caso pone en evidencia las serias falencias del Ministerio Público para perseguir el delito. Urgen cambios para llevar a los acusados a la justicia; impedir a toda costa la impunidad y la falta de dinero para nombrar auditores y otros especialistas. Por eso necesitamos elegir a verdaderos políticos y no a ladrones vestidos de saco y corbata.