Hoy en Panamá es más fácil ensillar un gallote que procesar a un delincuente de cuello blanco. Nuestro sistema jurídico ha sido moldeado para impedir que se haga justicia en casos de corrupción. Quizás a unos pocos funcionarios se les atribuirá culpa penal por ese delito, pero los que roban millones no sufrirán consecuencia alguna. Los procesos penales son campo minado en lo que concierne a los delitos vinculados a la corrupción o el lavado de activos provenientes de este ilícito. Están atosigados de tantas formalidades ridículas e innecesarias que virtualmente es imposible abrirles procesos a los peces gordos porque cuentan con procesos especiales, con fueros, con inmunidad, con tráfico de influencias, con protección política, con jueces y magistrados amigos y cuentan con diputados para estilizar y minar la ley. Y si todo eso falla, tienen dinero –muchas veces robado del Estado– para comprar conciencias y sentencias. Pero lo que es peor es que cuentan con nuestra indiferencia, nuestra mala memoria, cuentan con nuestros votos y tolerancia, con nuestra cobardía y silencio y cuentan con que un día también les respondamos: “¿qué hay pa’ mí?“. ¿Es este el Panamá del que debemos sentirnos orgullosos?