Hoy por hoy

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a través de sus títeres en el Órgano Judicial de ese país, ordenó el destierro de 222 presos políticos, detenidos ilegalmente, solo porque se oponen a su gobierno. Según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de ese país, el destierro es “para proteger la paz, la seguridad nacional, al orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros…”, aunque es de sus gobernantes que la población nicaragüense debe cuidarse. Ortega, como si fuera su dueño, decide quién sí y quién no puede vivir en Nicaragua. Su tolerancia es de cero a la crítica, tendencia que no se limita a él, ya que, con otras fórmulas, su ilegitimidad trasciende fronteras y contagia otras democracias, que atacan a medios y ciudadanos. Sin ir más lejos, un expresidente panameño utiliza el sistema judicial local con la intención de silenciar y amedrentar, cosa que ha empezado a notarse. Ayer, por ejemplo, tras conocerse los procesos de secuestro promovidos por este expresidente contra bienes de comunicadores, la embajada de Estados Unidos en Panamá expresó que ve “con preocupación”estos ataques, convertidos en una “alarmante tendencia”, que buscan el uso de la ley para “intimidar”. Mejor no se puede expresar.