Hoy por hoy

El proyecto de ley que crea la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, pese a que la Asamblea Nacional se niega rotundamente a discutirlo desde hace años, sigue dando de qué hablar. Si bien hay argumentos que revelan abusos que se pueden cometer con esta, lo cierto es que es necesario discutirla y, si fuera necesario, reformar el proyecto para evitar atropellos. Pero es inadmisible negarse a abordar un tema que está trastocando nuestra democracia. Hay evidencias de que el narcotráfico ha empezado a colarse en nuestras instituciones, lo cual facilita su expansión y el reclutamiento de servidores públicos que deberían combatirla desde sus respectivos cargos en los tres órganos del Estado. Además, al negarle al país contar con un instrumento para reprimir delitos financieros, se perjudica enormemente el sistema bancario. Ello, sin contar el dinero sucio de bandas criminales que financian campañas electorales, convirtiendo a funcionarios de alto perfil en sus lacayos. ¿Acaso es eso lo que está ocurriendo y por eso se resisten a tocar el tema? Esta negativa de discutir el proyecto, ¿es un mandato del crimen organizado? A veces es inevitable pensarlo.