Hoy por Hoy

Después de una consulta hecha por un abogado de la localidad, es evidente que los ministerios Público y de Gobierno, así como la Contraloría General, no tienen comunicación sobre los procesos penales en el caso de funcionarios llevados ante la justicia. La interrogante ante las tres instancias gubernamentales fue si hay funcionarios electos o nombrados con condenas penales y sentencias en firmes. Y ninguna de las tres ha podido responder a la pregunta. Pero el cinismo llegó de parte de la Contraloría, cuya secretaria general aseguró que la entidad “no tiene forma de verificar” la información solicitada. Es evidente que lo que no tiene es voluntad de verificarla, pues si fueran menos cómodos, sabrían que le facilitan dinero del Estado a funcionarios que están condenados nada menos que por peculado. Si esa es la manera en que se conduce la Contraloría, solo queda imaginar hasta dónde puede llegar su negligencia. Estas instituciones, por otro lado, deben estar comunicadas, al menos, en estos temas, porque aquí ni siquiera llevan a la cárcel a funcionarios con sentencias en firme. Si no está previsto en la Ley, de eso deberían estar pendiente los diputados, pero como ellos son agua del mismo río, solo miran para otro lado.