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El presidente de Colombia solicitó a la fiscalía general de su país una investigación en la que pueden resultar ser acusados su hermano y su propio hijo. El primero podría vérselas con la ley porque algunas personas, supuestamente del entorno del presidente, se hacen pasar por funcionarios para contactarse con criminales en las cárceles, a fin de incluirlos en un programa de beneficios denominado “Paz total”, a cambio de dinero. Su hijo, a su vez, fue denunciado por su exesposa por recibir dinero para su campaña política donado por un narcotraficante. Supuestamente el dinero nunca ingresó a la campaña. Una decisión como la adoptada públicamente por el presidente seguramente es dolorosa, pero refleja hidalguía y el deber de un gobernante frente a situaciones que cualquier político o padre de familia intentaría negar. Si al final no obstruye las investigaciones, el presidente colombiano sentaría un ejemplo para la región, algo que debería ser de especial atención en Panamá, donde vivimos bajo un régimen de impunidad y reina el tráfico de influencias. ¿Qué tan lejos llegará la fiscalía en Colombia? Está por verse, pero difícilmente en Panamá tendríamos, al menos, una investigación en curso, pues los organismos de control son la alfombra que pisa la señora corrupción.

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