Hoy por Hoy

Una sencilla petición de información, elevada al Ministerio de Gobierno, la Contraloría General y el Ministerio Público, entre otras entidades, sobre personas que ejercen cargos públicos y que tienen sentencias en firme y ejecutoriadas, no ha sido atendida, a pesar de que estas entidades están obligadas –constitucional y legalmente– a responder este tipo de consultas. Ha tenido que intervenir la Procuraduría de la Administración, a fin de que al menos el Ministerio Público se interese por conseguir la información, puesto que en este país a muchos funcionarios no les importa con sus conciudadanos. El problema de no responder es que los interesados pueden sospechar que hay funcionarios que, estando condenados, siguen en libertad y trabajando en el Estado, pese a que sus sentencias pueden incluir una inhabilitación temporal para el ejercicio de cargos públicos. También pueden deducir una complicidad de parte de estas entidades para evitar que estos sujetos vayan a la cárcel. Y así es cómo nace la desconfianza en la institucionalidad, en sus funcionarios y en su voluntad de hacer cumplir la ley. ¡Valiente ejemplo el que nos han regalado!