Hoy por Hoy

¿Por qué las autoridades no responden una simple pregunta: quiénes son los funcionarios que ejercen el cargo, pese a tener alguna condena por la comisión de un delito penal? ¿Por qué la Contraloría, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría de la Nación y la Corte de Suprema de Justicia no son capaces de responder una pregunta tan elemental? ¿Es que hay algo que esconder? No responden porque algunos funcionarios deberían estar en prisión, cosa que no ha ocurrido, pese a que en algunos casos se sabe quiénes son, dónde están y qué despacho ocupan. Algunos hasta manejan cuentas del Estado. La otra posibilidad –que es mucho peor– podría ser que no saben quiénes son o, sencillamente, que no les importa o sin intocables. En cualquier caso, es inconcebible que, pese a una condena, haya quien pueda seguir trabajando en una entidad pública o gobierno local, cuando deberían estar en la cárcel e inhabilitados para ejercer en el servicio público. Parece que nadie se molesta en ejecutar la ley y cumplir con la justicia. Siendo las cosas así, es inevitable que haya delincuentes en partidos políticos y en el Gobierno, haciendo fechorías a sus anchas, sin rendir cuentas ante nadie. Estamos experimentando el principio de un Estado fallido.