Hoy por Hoy

El Gobierno de Panamá se ha convertido en cómplice de la expulsión de un sacerdote nacido en este país y que hasta hace unos días prestaba sus servicios en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó echar de su país al cura panameño, violando impunemente sus derechos humanos, abuso que al gobierno del PRD ni siquiera le ha provocado un bostezo. Y es que Ortega goza del aprecio de una partida de políticos del partido gobernante que, si no fuera por las apariencias, hasta estarían aplaudiendo las acciones de este autócrata, aplausos que quizás hasta recibe por debajo de la mesa. La Cancillería panameña ni siquiera ha cuestionado, mucho menos condenado, la expulsión de este panameño de Nicaragua. Su deliberada omisión la convierte en cómplice de un atropello, pero siendo el presidente de la República el responsable de las relaciones exteriores es a él a quien hay que preguntarle por qué no ha habido un severo y directo pronunciamiento de condena contra Ortega y en favor del sacerdote. ¿Es que acaso debemos interpretar su silencio como una condena? Pues, no, nada de eso. El silencio otorga, y en este caso, aprueba y encubre. Es difícil no llamarle traición a la patria por semejante indiferencia.