Hoy por Hoy

El conflicto de interés, pese a que lo sanciona la Constitución y la ley, es una de las situaciones más toleradas por este gobierno. Hay innumerables ejemplos de funcionarios que hacen negocios con el Estado, directamente o a través de intermediarios: familiares cercanos, allegados, testaferros, sociedades. El último caso reconocido por la Contraloría General de la República y el procurador de la Administración, es el de un director ejecutivo de la Presidencia que arrienda locales comerciales en Chitré a la Dirección de Asistencia Social (DAS). En junio de 2021, este medio informó que la DAS rentaría locales pertenecientes al funcionario de la Presidencia, pero, pese al evidente conflicto de interés, se procedió al alquiler de manera directa, sin importar la prohibición constitucional y legal. La Presidencia, haciendo gala de una ignorancia fingida, dice ahora que el director de la DAS realiza consultas para determinar si hay o no conflicto de interés. ¿Y a quién más tiene que consultar, si ya la Contraloría y la Procuraduría de la Administración se pronunciaron coincidiendo en que sí lo hay? Sencillamente, una vez más, quieren pisotear la Constitución y la ley. No hay otra forma de decirlo.