Hoy por hoy

La ejecución de un operativo contra una red de presuntos narcos ha sido notablemente reveladora. En primer lugar, varios de los aprehendidos son empleados de instituciones del Estado, contratados por el actual Gobierno y, para más señas, militantes del PRD. Ya no sorprende que en operativos de este tipo sean detenidas personas que “casualmente” pertenecen a este colectivo político o son funcionarios o ambas cosas, con lo que solo podemos imaginar la penetración que tendría el crimen organizado en el Gobierno. Estos “servidores públicos” llevan una vida ostentosa, con cuentas bancarias de seis cifras, automóviles de lujo y apartamentos en exclusivos complejos residenciales. Y todo esto a la vista: ni uno ocultaba un estilo de vida que difícilmente podía justificar y que no correspondía al de un asalariado del gobierno. Pero, ¿alguien en el gobierno notó algo? ¿Acaso alguien alzó la ceja y reportó estas conductas? Y, ¿qué hicieron los actores del sistema financiero? ¿Dónde quedó la política de conocer al cliente? Y, por último, pero no menos grave, ¿cuál fue el rol en todo esto de la Unidad de Análisis Financiero o la Superintendencia de Sujetos no Financieros? Más preguntas que respuestas.