La Corte Suprema de Justicia es consistente en sus fallos absurdos sobre la denominada “prueba idónea”, necesaria para procesar a los diputados. Y es que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó lo que sus funcionarios presumieron era una operación de lavado de dinero, a través de una empresa en la que una diputada es accionista. El informe de esta operación fue enviado al Ministerio Público (MP), pero como los señores diputados no pueden ser investigados por una fiscalía ordinaria –como sucede con cualquier mortal–, el expediente fue enviado a la Corte, que es donde se procesa a los diputados. Pero resulta que los magistrados reprocharon el hecho de que el MP no realizó ningún tipo de investigación preliminar que revelara una situación más allá de la sospecha que planteó el informe de la UAF. Y he aquí el asunto: si el MP investiga, la causa puede ser anulada por la Corte, precisamente por aquello de que esta es la única instancia que puede investigar a los diputados, pero, al mismo tiempo, la Corte reclama por una investigación que le proporcione la prueba del delito, sabiendo que los fiscales no pueden hacerlo. Y así, en este galimatías legal y jurisdiccional, los magistrados abonan y cuidan que la impunidad florezca sin ningún contratiempo.
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