Hoy por hoy

Si hay una palabra que define el desempeño del actual contralor general es ineficacia. No solo incumple sus deberes de fiscalización como servidor público, sino que ha promovido leyes que le restan autoridad a la institución que él dirige. Su gestión ha sido un vergonzoso fracaso. Es evidente que cuando la Asamblea Nacional le ofreció el cargo hubo un quid pro quo que ya no es un secreto: el cargo a cambio de convertir a la Contraloría en un policía sin placa o un arma sin municiones. No hay semana sin algún escándalo sobre uso o abuso de fondos públicos, pero el mayor de todos es que la Contraloría no hace absolutamente nada. El contralor ha tenido éxito en su misión de convertir la institución en algo tan inútil como la Fiscalía Electoral o la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Si sirve de algo, es para encubrir, engavetar, olvidar, enterrar y promover la impunidad. Si tuviera vergüenza, ya habría renunciado a este puesto que tan grande le ha quedado. Y, pese a que la razón de tanta ineficacia no sea ninguna de las mencionadas, aun así debe irse: ni en dictadura hubo tanta laxitud como en esta gestión, que es, por derecho indiscutible, la peor que hemos tenido en mucho tiempo.