Hoy por hoy

Con premisas inventadas por la magistrada Ángela Russo, la Corte Suprema de Justicia le negó la posibilidad a este medio –y a la sociedad panameña– de saber si denuncias llegadas a esta redacción eran falsas o verdaderas. La Prensa solicitó al Ifarhu los nombres y montos desembolsados por encima de $50 mil en auxilios económicos no reembolsables, a fin de verificar la veracidad de las denuncias, según las cuales, funcionarios, así como hijos de estos, reciben respetables ayudas económicas no reembolsables del Ifarhu para cursar estudios localmente y, especialmente, en el extranjero. Pero la Corte dio por buena la versión del director del Ifarhu, Bernardo Meneses, quien aseguró que La Prensa pudo consultar la información de los becarios de la institución, cosa que este medio no pidió ni encontró la información que buscaba. Pero Meneses no solo negó esta información, sino que, con motivo de otra petición de información sobre becas concedidas a funcionarios, hizo que ese mismo día la institución declarara confidencial todo detalle sobre el dinero que reciben los beneficiarios de dinero del Estado. La Corte avaló el abuso y la anulación de la Ley de Transparencia mediante un fallo plagado de falacias.