Hoy por Hoy

Rendición de cuentas y transparencia es lo que le falta al Gobierno en todo lo que hace, incluyendo el manejo y asignación de los fondos de la Autoridad Nacional de la Descentralización. Son más de $200 millones en subvenciones, pero sin constancia de su destino final. Lo que sí se sabe es que el grueso de ese dinero fue entregado a las juntas comunales y alcaldías bajo control del PRD, que fue repartido fuera del procedimiento que dicta la Ley de Descentralización, que se entregó con criterios abiertamente arbitrarios y muy lejano de la equidad que exige la legislación vigente. Este escenario no es nuevo. Ya habíamos visto algo muy parecido en el gobierno de Ricardo Martinelli y, aunque el actual contralor recibió luz verde de la Corte Suprema de Justicia para auditar los cientos de millones de aquel entonces, se ha negado a hacerlo, como tampoco ha movido un dedo para averiguar en qué se han gastado ahora las asignaciones hechas fuera de los procedimientos de la Ley. La Contraloría quedará como cómplice de todo lo que se sepa sobre el mal uso de estos dineros, pues es inaudito que se porte como un cadáver: no ve, no oye, no siente ni hace nada.