Hoy por hoy

Un grupo de ciudadanos, víctima de arteros ataques verbales de algunos diputados, ha presentado un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que los miembros de este órgano gozan de total impunidad por lo que dicen en el periodo de incidencias, incluyendo insultos difamatorios contra personas críticas de su gestión o del Gobierno. No se trata de restarle el derecho a expresarse libremente, como cualquier ciudadano, sino de que los aludidos tengan las mismas oportunidades para contestar, refutar o defender su honra. Y es que, según el reglamento interno de la Asamblea Nacional, los diputados, en el periodo de incidencias del pleno, no son legalmente responsables de sus “opiniones”, dejando en completa indefensión a los ciudadanos que son públicamente difamados. El Estado tiene hasta cuatro meses para responder ante la CIDH, pero, más que todo, los ciudadanos esperamos una reforma al reglamento interno, para eliminar ese privilegio cuando se trate de ataques personales o sobre temas alejados del quehacer legislativo, pues estos diputados han abusado de algo que seguramente nació con buenas intenciones, pero ahora es un arma en manos de gente sin escrúpulos.