Hoy por Hoy

La detención de una persona a la que el Ministerio Público investiga por una supuesta campaña de intimidación contra dos magistrados de la Corte Suprema es un buen primer paso para acabar con el chantaje al que se ven sometidos muchos servidores del Órgano Judicial. Una cosa es la crítica, con la cual se pueden expresar desacuerdos, inconformidades y hasta opiniones sobre la interpretación y la ejecución de la ley, pero otra muy distinta es la amenaza, la difamación y el terrorismo mediático –especialmente en redes sociales y en páginas web anónimas y no tan anónimas– para amedrentar, doblegar voluntades y manipular a la justicia. El caso contra el sujeto detenido esta semana es un claro ejemplo de la situación que viven algunos funcionarios judiciales, pero no es el único. Basta con mirar las redes sociales para ver las múltiples campañas sucias, sostenidas durante años, solo con el afán de desprestigiar y hacer que jueces y magistrados pierdan credibilidad en los procesos contra delincuentes de mucho poder. Si el sujeto detenido ayer resulta culpable de los cargos en su contra, la sanción debe ser ejemplar, a ver si reciben el mensaje aquellos dedicados a desprestigiar, difamar y chantajear.