Hoy por Hoy

El 11 de abril de 2020 –un mes después de haberse descubierto el primer caso de coronavirus en Panamá–, el presidente de la República escribió en Twitter: “Después de analizados los informes recibidos, instruí a la Caja de Seguro Social [CSS] suspender la contratación prevista [por $168 millones] hasta superada la crisis del covid-19″. La instrucción la cumplió al pie de la letra ese mismo día el director de la CSS, quien suspendió la licitación. Tres años después, el presidente, en su discurso a la Nación el pasado sábado, afirmó que el Gobierno es respetuoso de la ley orgánica de la CSS, que establece su autonomía en lo administrativo, funcional, económico y financiero, personería jurídica y patrimonio propio, y que los órganos superiores de la CSS son su junta directiva y su director general. Por tanto, lo que haga o no la CSS simplemente no es su problema. Eso es lo que piensa ahora. Con este nuevo argumento –totalmente contrario a sus acciones de abril de 2020–, Cortizo puso fin a la intervención del Ejecutivo en la búsqueda de una solución de la crisis que se avecina en la CSS, y anunció que limita su acción a una participación en el diálogo por la CSS, que no tiene fecha de reinicio. No es una decisión pensada en función de los asegurados; es un simple cálculo político frente a las próximas elecciones. Una vez más, la prioridad es la conveniencia política.