Hoy por Hoy

Las revelaciones de un conductor del máximo responsable de la Dirección General de Ingresos (DGI) son gravísimas. Este funcionario, si aceptó dinero a cambio de información confidencial, habría puesto en peligro una investigación por presunta defraudación fiscal en la que, además de Panamá, hay otras jurisdicciones interesadas. Por otro lado, si lo que dijo el funcionario es cierto, quien habría pagado por la información es, precisamente, objeto de investigación, por lo que sus intenciones no serían nada santas, quizás hasta habría buscado cómo obstruirla. Es imperativo que todo este asunto se aclare con una investigación prolija y transparente, porque esto de amedrentar a funcionarios y autoridades con acciones como estas o con el chantaje y la extorsión o con maniobras políticas, se tiene que acabar. Y la forma de hacerlo no es con acciones tímidas, sino con sanciones ejemplares para que el mensaje quede claro, sin asomo de dudas. La gravedad de estas revelaciones nos dice hasta dónde pueden llegar individuos que buscan, al precio que sea, evadir la justicia, burlar nuestras leyes y que, al hacerlo, no haya consecuencias. Por el bien de la institucionalidad, a estas prácticas se les debe poner un fin.

Redacción de La Prensa