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El Ministerio de la Presidencia ha enviado a la Procuraduría de la Administración un informe de conducta incompleto sobre el manejo que se le dio a cerca de 50 mil bonos solidarios hace dos años, valorados en cerca de $1 millón. El actual ministro de la Presidencia omitió en su informe a la Procuraduría de la Administración la recomendación que hizo la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia que, en vista de las serias irregularidades encontradas en el manejo de esos bonos, pidió que se interpusiera una denuncia criminal en el Ministerio Público, a fin de atribuir las responsabilidades entre los que estuvieron involucrados: funcionarios de la Presidencia y un pequeño empresario de la provincia de Herrera que intentó redimir los bonos. Este tipo de conducta es censurable, pues revela una falta de transparencia y, lo que es peor, intenta tapar lo que a todas luces debió hacerse hace dos años. El presidente de la República debería saber lo sucio que se juega en su entorno más cercano y exigirle cuentas a este ministro, que ha actuado con deslealtad en la administración de fondos estatales y ante la justicia. Este ministro no es digno de seguir ocupando ese cargo, ni siquiera temporalmente.