Hoy por Hoy

Un acuerdo de pena busca economía procesal. Por ejemplo, lograr una confesión a cambio de castigos menos severos. La pregunta que nos hacemos todos es si estos acuerdos se deben aplicar a todos los casos. El debate surge tras un escalofriante caso de un adulto que violó a una niña con discapacidad. El victimario, después de ser condenado por un tribunal de juicio a 5 años de prisión, logró que un juez de garantías le remplazara esa pena por 140 meses de trabajo comunitario. La opinión general es que, en casos de delitos sexuales, este privilegio no debe siquiera ser considerado. En la Asamblea Nacional, hay iniciativas que buscan eliminarlos en casos como estos e, incluso, aumentar las penas. Si bien un aumento del castigo podría ser un buen disuasivo, las autoridades deberían trabajar más en la prevención, porque los daños que provocan a las víctimas y sus familias son para toda la vida. Por ello, estas iniciativas no solo deben ir dirigidas al castigo, sino a evitar –mediante la educación– que ocurran semejantes abusos. Prevención y castigo ejemplar es un buen balance. El castigo por sí solo no basta, en especial para las víctimas