Hoy por Hoy

Una vez más, la Asamblea Nacional pretende legalizar lo que actualmente es ilegal. En este caso, quiere que la Ley de Transparencia dé por bueno el criterio muy criticado de blindar la información de los beneficiarios de programas sociales y becas, invocando la Ley 81 de 2019 de protección de datos personales. Los diputados quieren esconder información de carácter público, porque seguramente buscan esconder sus huellas, las de sus familiares o la de sus amigos o donantes, ocultando la forma que han encontrado –becas y auxilios económicos no reembolsables, por ejemplo– para pagar favores o para robarle la oportunidad a jóvenes o a personas que sí necesitan esos fondos para estudiar o para algún emprendimiento. Y uno de los requisitos para acceder a fondos del Estado es, precisamente, la transparencia. Es inadmisible que se oculte a los beneficiarios de esos fondos, al tiempo que se priva a la comunidad de vigilar el dinero que aportan con sus impuestos. Ocultar, en este caso, es sinónimo de deshonestidad, es una bribonada y un abierto irrespeto al pueblo que ellos dicen representar. Los que apoyen esta reforma a la Ley de Transparencia los recordaremos por apadrinar la deshonestidad y la hipocresía.