Hoy por hoy

La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional (AN) decidió suspender, mediante la aprobación de una resolución, la discusión del proyecto de ley que enmarca el nuevo contrato con la minera de Donoso, que incluyó, además, una recomendación para que el Ejecutivo retire el documento. Si bien es una decisión sana, que podría calmar momentáneamente la animosidad contra ese contrato, lo cierto es que el procedimiento para suspender la discusión del proyecto está fuera de toda norma. El rechazo de una propuesta legislativa por la vía de una resolución no está contemplado en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la AN y, por tanto, esa iniciativa no tendría ningún sustento legal. El presidente de la referida comisión debió haber sometido el proyecto de ley a votación y, en caso de ser rechazado por la mayoría –que parece que es lo que pasaría–, debía ser devuelto con un informe explicando las razones de esa decisión. Los diputados no respetan ni su propio reglamento interno y son estos actos, que no tienen fundamento ni sustento, lo que luego provoca problemas legales por su conducta autoritaria y antojadiza. Si toman una decisión, deben hacerlo en regla y cumpliendo las leyes que ellos mismos aprueban.