Hoy por hoy

Panamá vive una crisis social y política que ha crecido con el tiempo y que no solo es el reflejo del descontento generalizado por el contrato minero si no que además emergen años de ira, disgusto, frustración e inconformidades en forma de protestas espontáneas. En lo que parece ser un golpe de timón, el presidente Laurentino Cortizo ha propuesto llevar a una consulta pública vinculante la posible derogatoria de la ley 406 de 2023 que da vida a dicho contrato. Además, anunció que prohibirán la minería metálica en todo el territorio nacional por medio de una ley. De estas protestas nos queda de lección que los problemas del país hay que enfrentarlos oportunamente y no como históricamente ha sucedido que los postergan sin importar su gravedad hasta que se desata una crisis. Todavía quedan importantes retos que atender urgentemente o tendremos nuevas manifestaciones, más pronto de lo que pensamos. Ahora le queda al presidente cumplir la palabra empeñada y al Legislativo y al Tribunal Electoral, encargado de efectuar el referéndum actuar con la celeridad que exigen las circunstancias, guardando las formalidades y en estricto cumplimiento de la ley nacional para evitar futuras complicaciones jurídicas.

Redacción de La Prensa