Hoy por hoy

El presidente de la República vetó parcialmente una iniciativa legislativa que busca erradicar el conflicto de interés de los funcionarios en la administración pública. El gobernante alega inconveniencia e inexequibilidad, especialmente en lo que se refiere a las sanciones, que indistintamente pueden ser del ámbito administrativo como del judicial, en caso de sospecha de la comisión de un delito. Lo cierto es que el Ejecutivo no hace ni deja hacer. Es responsabilidad de las máximas autoridades velar por la transparencia en la gestión pública, que incluye el combate a la corrupción. Pero, en vez de ello, se convierten en obstáculo. Si tiene razón o no el presidente en lo de la inexequibilidad, es cosa que ha debido juzgar la Corte Suprema de Justicia, pero como la disposición aprobada establecía penas de destitución inmediata y multas, el asunto llegó hasta ahí, porque en el fondo, lo que se quiere es que siga reinando la impunidad. Da vergüenza que sean los mismos guardianes del buen gobierno los que animen al desgobierno y la corrupción. Si esta legislación no es justa, entonces que el Ejecutivo presente su propio proyecto de ley que desaliente el conflicto de interés y concrete la certeza del castigo.