Hoy por hoy

Las evidencias de la negligencia en las negociaciones con la minera Cobre Panamá siguen acumulándose, tras conocerse las respuestas que emitió –por consultas hechas por el propio Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)– el procurador general de la Administración. Este funcionario advirtió al MICI cuáles fueron los errores cometidos con la concesión minera de 1997 –y que la Corte Suprema anuló en 2017– y les previno de no incurrir en las mismas faltas en el nuevo contrato, como obviar la licitación pública, pero sus advertencias fueron ignoradas olímpicamente. Los dos ministros que ocuparon la jefatura del MICI pretendieron que sus consultas no se divulgaran, algo que, de haberse hecho, probablemente no estaríamos en el problema que hoy enfrentamos. A sabiendas, el MICI y los negociadores cometieron los mismos errores deliberadamente. Ignorar las causas de la anulación del contrato anterior tampoco es buena excusa para la minera, pues, sin duda, debió saber que firmaba un contrato con los mismos vicios. Los ministros –y el resto de los involucrados– deberían ser acusados legalmente por la desidia en el desempeño de sus funciones. Sus intenciones jamás reflejaron los mejores intereses del país.