Hoy por hoy

Un dirigente del pueblo Ngäbe-Buglé –que mantiene un bloqueo en la carretera Interamericana, a la altura de Tolé– admitió que no ha leído el contrato-ley de la minera, documento este que es el motivo de sus protestas en las calles. Añadió que no lo ha podido leer porque no tienen una copia, ni siquiera digital, ya que para bajarlo por internet no cuentan con el dinero que haría falta para pagar la data. Pero también dijo que las protestas de los grupos indígenas son autofinanciadas y que solo en el punto donde él coordina un bloqueo cuenta con unas 300 personas al día, a las que se le proporcionan gastos de movilización y alimentación, también cada día. ¿Cómo puede ser posible que puedan pagar alimentos diariamente para 300 personas y no haya para pagar la data que les permitiría conocer de primera mano el contrato de la discordia? Si van a cerrar calles, al menos deberían tener claras las causas y decidir por ellos mismos, porque, así como hay quienes opinan que el contrato se puede derogar mediante una ley, hay muchos más aconsejando lo contrario, al menos, hasta que haya un fallo sobre la posible inconstitucionalidad del contrato-ley. Es penoso el papel de los dirigentes de estos grupos, porque pudiendo tener sus propias opiniones, eligen las de un bando sin considerar las alternativas.