Hoy por Hoy

Haría falta lupa, paciencia y suerte para hallar casos que se investiguen en el Ministerio Público (MP) por corrupción o en perjuicio del Estado en los que la Contraloría haya aportado indicios o evidencias por supuestos actos de corrupción bajo la administración del PRD. Es decir, el actual contralor se comporta como cómplice de casos denunciados en los medios y seguramente, de los que presentaron por su cuenta ciudadanos en conocimiento de actos sospechosos. El lema del actual contralor es “corregir, no investigar”, pese a tener una Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense. Y con ese propósito, le ha restado poder a la Contraloría con la Ley 351 de 2022, que entre múltiples presuntas violaciones a la Constitución denunciadas ante la Corte Suprema, permite que los informes de auditoría e investigaciones sean aprobados o cerrados y archivados por el contralor, “según su criterio”, o que la Contraloría actúe “… sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona”, impidiendo así que el Tribunal de Cuentas y el MP puedan solicitarle una investigación. La Corte debe pronunciarse ya, pues estamos en un limbo, sin contrapeso y en total impunidad.