Hoy por Hoy

Un expresidente de la Asamblea Nacional admitió ante sus colegas un intercambio de favores cuando estaba al frente del Legislativo. Se trata de la Ley 351 de 2022, que establece que el contralor general de la República puede aprobar o archivar informes de auditoría e investigaciones, atendiendo únicamente a su criterio, lo que en la práctica equivale a ser simultáneamente fiscal y juez. A cambio -según este diputado-, la Asamblea aprobó la Ley 376 de 2023, que permite a alcaldes y representantes elegir el salario que más les convenga. La Ley 376 revirtió los efectos de una resolución de la Contraloría que obligaba a a alcaldes y representantes a recibir el sueldo que les corresponde en el gobierno local, sin sumar salarios por trabajos no realizados, como licencias con sueldo a las que se acogen cuando, siendo funcionarios, se postulan a un cargo de elección popular y resultan electos. El diputado quejoso cuestionó al contralor por no cumplir su parte en este quid pro quo, ya que, según dijo, no ha ejecutado la Ley 376. Esto demuestra la patraña que es la Asamblea, un mercado de intercambio de favores para perjudicar el Estado. No hacen leyes procurando el bien común, sino en beneficio de ellos mismos, sus amigos y copartidarios. Estas son conductas reprochables e indignas de quienes fueron elegidos para representar al pueblo. ¡Hipócritas!