Hoy por Hoy

La ineficacia en la aplicación de leyes por parte de las autoridades ambientales, obstaculiza la implementación efectiva de medidas para la mitigación de posibles daños al medio ambiente. Esta deficiencia se evidencia en la incapacidad de imponer y cobrar multas y/o compensaciones que deberían servir como disuasivos contra el incumplimiento de regulaciones. Surge una interrogante crucial: ¿quién asume la responsabilidad por los $12 millones que debieron ingresar al Tesoro como resultado de las multas impuestas a Minera Panamá? Resulta inconcebible la falta de claridad sobre si estos fondos fueron efectivamente recaudados, si la multa fue anulada o si aún está pendiente de cobro. Semejante falta de acción permite a los infractores eludir las consecuencias de sus actos, perpetuando el daño a nuestro ecosistema al tiempo que socava la confianza en las instituciones. En ausencia de un sistema judicial eficiente y autoridades competentes, nuestras leyes se reducen a meras expresiones de deseo. La gravedad de esta situación no debe ser subestimada. El gobierno tiene la obligación de reforzar las entidades de fiscalización y control, dotándolas de los recursos necesarios para garantizar que los infractores rindan cuentas ante la justicia.