La Dirección General de Ingresos (DGI) hace lo correcto al pedirle al Órgano Judicial que le comunique de sentencias en casos de corrupción y lavado de activos para empezar procesos fiscales, a fin de cobrar los impuestos, incluso, sobre las ganancias mal habidas. Es importante hacer saber a la delincuencia de cuello blanco, así como al crimen organizado, que sus acciones, desde el plano tributario, también serán perseguidas, porque el Código Fiscal así lo establece. Es necesario que las autoridades judiciales accedan a la petición que hace la DGI, porque de otra manera no se podrán hacer los alcances necesarios para establecer los montos que se adeudan al fisco. De esta manera, se establecen otras sanciones disuasivas para los criminales que operan dentro del engranaje gubernamental. Esta quizás sea de las pocas veces que se pide aplicar el Código Fiscal para perseguir las ganancias procedentes de delitos como el lavado de activos. Ya era hora de que la DGI tomara la iniciativa en este asunto, pues, de lo contrario, seguiría siendo letra muerta, como lo había sido hasta ahora. En manos del Órgano Judicial está ahora la decisión de permitiría a la DGI hacer su trabajo.
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