Hoy por Hoy

El Gobierno de Laurentino Cortizo sigue sin pronunciarse sobre el asilo político concedido por el régimen de Daniel Ortega a un expresidente panameño hallado culpable de lavado de activos tras un largo proceso judicial que empezó en 2017. Si el Gobierno actual concede el salvoconducto que ha pedido o que pretende pedir el gobierno extranjero para que el convicto viaje a Nicaragua, tácitamente estaría reconociendo que este sujeto es un perseguido político, discurso inadmisible, porque todos fuimos testigos –durante la transmisión en vivo por televisión del juicio– no solo que se le respetaron todas sus garantías, sino de cómo el Ministerio Público probó el dolo en la compra de los medios que este exfuncionario ha controlado desde hace años. Pero, además, si le concede el salvoconducto, se estaría echando por la borda el trabajo de decenas de personas que arduamente contribuyeron en la formulación de un caso de corrupción, esfuerzos coronados con la condena del sujeto y sus cómplices. Finalmente, el mensaje que recibiría la delincuencia enquistada en el Gobierno sería que, sin importar sus delitos, les queda un as bajo la manga: pedir asilo y obtener del gobierno de turno un boleto a la impunidad. Y eso es inaceptable.