Hoy por Hoy

Las implicaciones que habría tenido para Panamá que el Gobierno le concediera el salvoconducto que solicitó el régimen de Managua para trasladar al expresidente Ricardo Martinelli a Nicaragua en calidad de asilado político hubiesen sido tremendamente perjudiciales. Pero el Gobierno ha actuado de manera sensata al negarse a conceder el salvoconducto, porque este señor fue condenado por un delito común y por un tribunal ordinario, por lo que su condición de asilado político es inaceptable. Tal petición no podía ser aceptada en razón de la misma convención que fue citada para solicitar el asilo. La Cancillería ha sido muy clara en advertir que cualquier acción del expresidente que repercuta en la política nacional generará consecuencias diplomáticas. Panamá no está obligada a concederle nada, salvo una celda en donde pasar los próximos diez años de su vida. Ha sido una decisión justificada, basada en la ley, y ahora el convicto debe entregarse a la autoridad local, a fin de que cumpla su condena, porque este no ha sido más que otros de sus ardides para escaparse y vivir bajo el manto de la impunidad en un país donde se han ido a refugiar malhechores como él. Su alternativa es quedarse en la sede diplomática, pero ninguno de los días que permanezca allí será descontado de su condena. Él escoge.