Hoy por Hoy

La intención de los municipios al solicitar que les sean asignados más fondos de la descentralización es moralmente reprensible y desafiante para la integridad pública. Ya no es ningún secreto, pese a los intentos por negarlo, que los fondos destinados para este propósito, en muchas ocasiones, son desviados hacia las juntas comunales afines al gobierno. En tal sentido, lo que los alcaldes pretenden ahora, más allá de la inmoralidad intrínseca, constituye una afrenta a la esencia misma de la descentralización, cuya finalidad es otorgar a las comunidades oportunidades financieras que propendan hacia una mejor calidad de vida. Es inconcebible que, a pesar de las disposiciones legales que regulan el proceso descentralizador, estos recursos sean subyugados con propósitos políticos en detrimento de las necesidades más apremiantes de la población. De conceder esta petición se estaría, una vez más, menospreciando a quienes han sido testigos de cómo dichos recursos han beneficiado más a los propios alcaldes, representantes y diputados que a las comunidades que representan. Urge que, de una vez por todas, la Autoridad Nacional de la Descentralización juegue su rol y asegure que la descentralización cumpla con su auténtico propósito: mejorar la vida de aquellos que más lo necesitan.