Hoy por Hoy

El convicto expresidente asilado en la Embajada de Nicaragua no pretende, por lo visto, respetar las reglas del asilo, pues desde esta legación –considerada, bajo las leyes internacionales, territorio nicaragüense– está haciendo campaña electoral y comentarios de corte político, pese a que le está prohibido hacerlo. Lo hace, además, sin que intervengan los diplomáticos nicaragüenses que deberían hacer cumplir las normas del asilo que su país le ha concedido a un delincuente condenado por lavado de activos. El pasado 9 de febrero, en un comunicado de la Cancillería panameña, en el que se da a conocer la negación de petición de salvoconducto para que el condenado abandonara el país, se advirtió que “toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente desde la sede diplomática y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá, será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, por tanto, generará consecuencias diplomáticas”. Y, dado que el expresidente y el régimen de Managua hacen caso omiso a la advertencia, Panamá debe responder enérgicamente a lo que evidentemente es una burla, tanto del lavador de dinero como del país que le concedió este inmerecido asilo político.