Hoy por Hoy

La irresponsable decisión del Tribunal Electoral (TE) de reprogramar los debates presidenciales a menos de 100 días de las elecciones generales menoscaba la integridad del actual periodo electoral. La abrupta cancelación del debate programado para el miércoles, justificada de manera poco convincente, exhibe la ausencia de coherencia y planificación en un momento crítico para la democracia panameña. Por un lado, el TE alega que la situación de asilado del expresidente, condenado por lavado de dinero y actualmente prófugo, es un hecho público y notorio para justificar la participación de su sustituto en el debate presidencial, y por el otro ignora que la Constitución Nacional prohíbe su participación en la contienda. La dualidad de sus acciones sobre lo público y notorio revela una incongruencia alarmante en el proceder del TE. La ley no admite duda: quien ha sido condenado por más de cinco años de prisión no puede ser candidato presidencial, estableciendo un criterio que debería ser aplicado sin más dilación ni vacilaciones. La incoherencia del TE al tomar acciones oportunas y basadas en la notoriedad en un aspecto y obviarla en otro, mina la confianza en el proceso electoral y denota una carencia preocupante de coherencia y seriedad en sus resoluciones.