Hoy por Hoy

Una candidata a la Presidencia fue citada por la Corte Suprema a una audiencia de imputación de cargos, tras una denuncia interpuesta por familiares de un cliente suyo, que la acusan de haberles despojado de 66 kilos de oro de su propiedad. Y, aunque la diputada alega “persecución política”, lo cierto es que tiene este proceso abierto al mismo tiempo que aspira dirigir los destinos del país. Es la segunda persona que enfrenta cargos criminales, con la diferencia de que el otro candidato –condenado en firme– ya no tiene oportunidad de seguir en la carrera. El pasado de esta diputada es turbio, siempre vinculada a casos o a personas del mundo del narcotráfico, incluso una de estas, asesinada a tiros. Su discurso siempre es ofensivo, escudándose en privilegios que le aseguran impunidad, sin importar la gravedad de sus calumnias y difamaciones. Carece de fidelidad, pues aspira simultáneamente a cargos (presidencia, alcaldía y diputación) a través de su partido –el PRD– , de un colectivo de “oposición” –RM– y hasta por la libre postulación. Vicios y un pasado y presente que son una vergüenza, suficientes para que la sociedad le envíe un mensaje alto y claro: no más candidatos con este tipo de trayectoria.

Redacción de La Prensa