Hoy por Hoy

Hace seis años, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia establecieron un precedente que ha permitido a ciertos individuos eludir la justicia. Un expresidente, que actualmente se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua, renunció a su escaño en el Parlacen para que su caso fuese transferido a la justicia ordinaria. Los magistrados de aquel entonces, sin considerar que ya se había programado una audiencia de acusación, validaron esta maniobra claramente dilatoria y en contra de la postura del magistrado fiscal de ese momento. Esta no fue la primera ocasión en que la Corte eximió a un expresidente de enfrentar un juicio tras su renuncia al Parlacen. En 2012, otro expresidente renunció a su posición en el Parlacen antes de ser juzgado por el caso Cemis, un caso que eventualmente prescribió sin que se llevara a cabo un proceso de justicia. Actualmente, una diputada que aspira a la Presidencia de la República mediante libre postulación ha renunciado a su actual cargo con la intención de evitar comparecer en una audiencia de imputación por la supuesta apropiación indebida de 66 kilos de oro de uno de sus clientes. Al renunciar, busca que su caso sea trasladado a la jurisdicción ordinaria, siguiendo el ejemplo de los expresidentes mencionados. La decisión final recae en la Corte Suprema de Justicia actual. Carece de lógica que una persona investigada por delitos graves pueda aprovechar sus privilegios de cargo para influir en quién y cuándo será juzgada. Esperamos que los magistrados actuales envíen un mensaje claro a la ciudadanía, priorizando la justicia y cerrando la puerta por la que se fugan los criminales.