Hoy por Hoy

La embajada de Nicaragua en Panamá se ha convertido en cuartel electoral de un expresidente de la República, condenado por lavado de activos, razón por la cual fue inhabilitado para ser candidato a la Presidencia. En esa embajada, el asilado celebra reuniones políticas, franchelas y hasta ataques –a través de redes sociales y quién sabe qué otros medios– contra sus adversarios y el Gobierno. Todo ello sin que las autoridades nicaragüenses intervengan a fin de que su “invitado” cumpla las normas internacionales sobre asilo diplomático. Todo lo contrario, permiten esas injerencias en la política interna del país. Incluso, han llegado tan lejos que han pretendido que el asilado ocupe todo el inmueble de la embajada, trasladando –sin el reconocimiento del Gobierno panameño– la sede del consulado a otro lado. El Gobierno ha enviado comunicaciones oficiales sobre el abuso del derecho de asilo de este sujeto, que no siente el menor respeto ni por las leyes ni por la Constitución ni por las autoridades locales. El Gobierno ha dado muestras de tolerancia, pero eso no significa que será eterna. Si la situación se mantiene, esta administración debe tomar decisiones enérgicas respecto a sus relaciones con Nicaragua.