Hoy por hoy

La Asamblea Nacional aprobó una legislación que supuestamente dejaría sin efecto la Ley 122 de 2019, de incentivos fiscales al sector turístico. Así nos doraron la píldora, pero en realidad lo que hicieron es dejar vivas las concesiones fiscales ya otorgadas y extendieron este privilegio a empresas que no lo tenían. Lo que han hecho el Ejecutivo y el Legislativo es una tomadura de pelo que, lejos de ser broma, sus consecuencias son serias, pues perjudican las arcas del Estado al permitir la exoneración de obras de interés privado que no deberían contar con este subsidio. Sí, subsidio, porque no hay otra forma de llamarlo. Este antecedente abre las anchas puertas del clientelismo, pues, del mismo modo que empresarios de ese sector pidieron a este gobierno pagar el favor que supone “invertir” en una campaña electoral, de la misma forma habrá otros avivatos esperando su turno para exigir un resarcimiento a sus “inversiones” en política, lo cual hará más estrecha la recaudación fiscal, perjudicando a toda la colectividad. Estos incentivos fiscales crean castas de empresarios que se creen superiores al resto de los panameños. Y claro, ya no son iguales ante la ley, pues gozan de privilegios que nuestra Constitución prohíbe expresamente.