Hoy por hoy

Las cifras que dibujan la situación del empleo informal son dantescas. Casi 737 mil personas están en la informalidad, y eso es el equivalente a casi la mitad de la población económicamente activa, en la que la empresa privada absorbe unas 794 mil personas. Significa que los trabajadores que podrían pagar impuestos y cotizar en la Caja de Seguro Social no lo pueden hacer, ya que no cuentan con un empleo formal. El ritmo de apertura de empresas no es suficiente para conseguir que más dejen la informalidad y de ahí que la Cámara de Comercio esté preocupada porque, lejos de promover la inversión para generar nuevos empleos, lo que hace el gobierno es mantener los subsidios y ayudas económicas de la pandemia. Y lo que es más preocupante, que infle la planilla estatal, disparando este importante gasto, que actualmente sobrepasa los $400 millones mensuales. Es imperativo que el Gobierno asuma su rol, que no es el de dar empleos, sino el de estimular la economía y facilitar las inversiones –sin olvidar la urgente necesidad de impartir educación de calidad– para contar con personal calificado y satisfacer así la demanda laboral. Pero el camino elegido por los políticos es el que va justamente en la vía contraria.