Hoy por Hoy

Un influyente y poderoso diputado –presidente del mayor colectivo del país, pero que se hizo añicos en las pasadas elecciones– tiene su curul pendiente de un hilo, ya que su proclamación ha sido impugnada por sospechas de que sobrepasó el límite de gastos para la elección de un diputado, establecido en $300 mil. Este personaje suele salirse siempre con las suyas y por eso el Tribunal Electoral (TE) debe jugar un rol de absoluta neutralidad para no terminar traicionando la voluntad popular. No debemos olvidar cómo una empresa de la región del diputado se prestó en 2019 para fondear la candidatura presidencial del actual gobernante, sobrepasando igualmente los límites trazados por la Ley para la elección presidencial, hecho este que nunca ha sido investigado por el TE, a pesar de la existencia de un respetable caudal de evidencias. Además de las sospechas de que su campaña costó más de lo que el diputado admite, a ello hay que agregar el volcado de recursos estatales –al menos en papel– para obras destinadas a su región, evidentemente, con fines electorales, algo que se viene haciendo desde hace años. Esperamos que esta vez el TE sea responsable y respete la Ley.