Hoy por hoy

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que decide un amparo de garantía contra la Procuraduría de la Administración, representa un duro golpe a la lucha por la transparencia y el combate a la corrupción. En una decisión dividida, la mayoría de los magistrados castraron las facultades del procurador al quitarle la potestad constitucional de realizar investigaciones éticas o administrativas. Esto, a pesar de que en fallos anteriores la misma Corte había reconocido el deber del procurador de investigar conforme al mandato constitucional de “vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes”. La investigación que el procurador había iniciado sobre el desempeño de ciertos funcionarios en la llamada “descentralización paralela” era perfectamente válida desde el punto de vista legal y constitucional. La Corte, al desdecirse de sus fallos anteriores, favorece la impunidad en detrimento de la credibilidad que ha estado construyendo. Es alarmante que sea la Corte la que encubra conductas cuestionables que merecen ser investigadas. Es desilucionante ver cómo destruyen con los pies lo que construyeron con sus manos.