Hoy por hoy

La incapacidad del Tribunal Electoral para combatir el clientelismo en las elecciones es alarmante. Los magistrados y la Fiscalía Electoral han mantenido un silencio cómplice ante el despliegue de regalos disfrazados de ayudas sociales durante la época electoral. Esta práctica es una fachada para el abuso delictivo de los fondos de descentralización, utilizados en muchos casos por diputados reelectos para asegurar su continuidad en el poder. Ahora, la esquiva respuesta de los juzgados electorales, al pretender que los denunciantes realicen el trabajo que los fiscales no hicieron, evidencia una grave deficiencia en el cumplimiento de sus responsabilidades. Los magistrados tienen una oportunidad crucial para remendar esta situación y permitir que la justicia actúe. Es imperativo que evalúen las pruebas y ordenen las auditorías correspondientes. La ley debe ser igual para todos, y los magistrados no pueden seguir mirando hacia otro lado sin cargar con el desprecio ciudadano por la omisión cómplice de su función constitucional. Garantizar elecciones transparentes y equitativas es su deber. Solo así se restaurará la confianza en el sistema electoral y se fortalecerá la democracia.