Hoy por hoy

La Corte Suprema de Justicia ha dedicado un valioso tiempo a acumular dos acciones legales que buscan declarar inconstitucional la reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Esta lentitud permite que la mencionada institución realice un trabajo mediocre o incompleto en la vigilancia de los fondos estatales. Los cambios a la ley de Contraloría, que han reducido su capacidad de fiscalización, fueron aprobados en diciembre de 2022 y han estado vigentes por un año y medio. La norma fue impugnada por primera vez en abril de 2023, y la Corte ha tardado todo este tiempo en decidir su acumulación. Es imperdonable que se dilate la adopción de un mero trámite mientras se aplican reformas que pueden atentar contra lo dispuesto en la Constitución. Los magistrados deben prevenir que sucedan cosas como estas, ya que seguramente habrá decisiones que no podrán ser revertidas, afectando el patrimonio del Estado y hasta la calidad de vida de los panameños. Urge más conciencia en estos asuntos, dadas las consecuencias. Y esperamos que el fallo no tarde años, por las mismas razones. Ya no hay más tiempo que perder.