Hoy por hoy

La Autoridad Nacional de Descentralización manejó en los últimos cinco años un presupuesto de $1,165 millones, que incluirían los $200 millones de la llamada descentralización paralela –fondos asignados de manera discrecional por el Ejecutivo– para juntas comunales que, en este caso, las más beneficiadas fueron las del partido oficialista, el PRD. Se trata de fondos públicos, que la sociedad panameña en su conjunto ha pedido y hasta exigido que sean auditados por la Contraloría, pero no ha habido forma de hacerlo, mientras la Procuraduría de la Administración le fue prohibida por la Corte Suprema toda iniciativa que busque investigar estos fondos. En consecuencia, los panameños probablemente nunca sabremos cómo se usó ese dinero; tampoco si fueron objeto del pillaje político o si fueron usados legítimamente, porque ni hacen ni dejan hacer las auditorías. Pero, por la forma opaca en que este dinero se aprobó, se repartió y gastó, solo hay lugar para la sospecha. La transparencia ha sido pisoteada una vez más, con la complicidad de los organismos de control y jurisdiccionales. Solo en este programa y en los presupuestos de la Asamblea Nacional, hay más de $2 mil 100 millones que no sabremos cómo se gastaron.