Hoy por hoy

La transparencia es un requisito necesario para mantener o sumar credibilidad en la administración pública, pero este gobierno terminará como uno de los gobiernos más corruptos de las últimas décadas, gracias, precisamente, a la opacidad con la que ha manejado miles de millones de dólares. Los presupuestos de tres instituciones –la Asamblea Nacional, el Ifarhu y la Autoridad de Descentralización– han sido fuera de toda proporción: suman, entre las tres, más de $4 mil millones. Han saqueado el tesoro nacional para hacer política de la más corriente e improductiva; no han rendido cuentas de los gastos e inversiones y se han negado sistemáticamente a transparentar la gestión gubernamental, incluso, negando información que es de naturaleza pública. Si el gobierno entrante no ordena auditorías ni denuncia estas irregularidades, sencillamente será cómplice de uno de los mayores atracos al fisco nacional y será tan responsable del despojo como lo son sus autores materiales. También perderá credibilidad, y eso es grave, pues solo hay que recordar el poco apoyo popular con el que llegará al poder este gobierno. Pero lo más grave es que perderá capital político, pues, sin ese capital, será virtualmente imposible hacer los cambios que se necesitan.