Hoy por hoy

Cientos de miles de dólares –incluyendo $250 mil para el exgerente general de Etesa– serían pagados a ejecutivos de la estatal sociedad panameña Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., quienes han llegado a acuerdos mutuos para dejar sus cargos ante el eventual ascenso del nuevo gobierno. Se trata de un nuevo atraco al Estado que definitivamente se debe impedir, pues nada justifica esta indemnización, ya que todos ellos sabían que esta no es una empresa privada, sino estatal y, por lo tanto, no deben esperar estos pagos. Ellos prestaron un servicio público, pero incluso, algunos de ellos ganaron salarios por encima de sus similares en el mercado laboral privado, lo cual fue siempre una ventaja para ellos, por lo que también es injustificable que ahora reclamen indemnizaciones que el Estado no le paga a ningún servidor público, salvo sus prestaciones y vacaciones. Si el contralor decide pagar estas indemnizaciones será nuevamente cómplice del desgreño administrativo y del asalto que ha sufrido del erario en esta administración. Bajo ninguna circunstancia son viables estos pagos y es una perfecta sinvergüenzura que quienes están al frente de esta empresa estatal hayan aprobado este asalto al patrimonio del Estado.